Son las facultades y competencias asignadas a los órganos que ejercen la función de integridad, destinadas a facilitar, implementar, supervisar, y orientar a los distintos órganos y unidades orgánicas sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos establecidos para elevar los estándares de integridad pública.
Estas funciones se ejercen preferentemente sobre la base del Modelo de Integridad, que contiene lineamientos y/o parámetros destinados a fortalecer la capacidad de prevención a la corrupción y actuaciones contrarias a la ética de las entidades públicas.
Se fortalece la función de integridad a partir de: (i) la implementación del modelo de integridad, (ii) el desarrollo de mecanismos dirigidos a promover la integridad; y, (iii) la observancia e interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la función pública.